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El Gobierno se adjudica el presupuesto de políticas activas de empleo autonómicas para pagar las ayudas al paro por el coronavirus

Las Comunidades Autónomas denuncian que la retirada de 2.400 millones en fondos para formación es "improvisada y sin consenso"

Noticia del sector

El Gobierno centralizará el gasto de 2.400 millones de euros procedentes de las cotizaciones para formación profesional, que hasta ahora distribuían las Comunidades Autónomas, y los empleará en ayudas al desempleo. En las medidas lanzadas el pasado martes por el Ejecutivo frente a la crisis del Covid-19, estaba la norma por la que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional que se pagan en todas las nóminas de los trabajadores se podrán destinar a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo.

Esta orden supone elliminar una norma aprobada en 2015 para financiar la formación de trabajadores en paro y que este año está presupuestada con 2.414 millones de euros, casi la mitad de la dotación del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE).

El PAPE se define como un plan de servicios y programas de políticas activas de empleo que se proponen llevar a cabo las Comunidades Autónomas, tanto las financiadas mediante fondos estatales como con recursos económicos propios, así como las acciones y medidas que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), perteneciente a la Administración Central. Los fondos se distribuyen de acuerdo con los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. 

Como se destaca en una información de El Mundo, la urgencia de la situación y el volumen de trabajadores que van a ser dados de alta en el SEPE hacen suponer que la supresión de estos fondos para formación que también gestionan las Comunidades Autónomas puede ser una medida transitoria y de emergencia, si bien la nueva norma anula definitivamente el carácter finalista que tiene la cotización para formación profesional de los trabajadores. De esta manera, tal y como indica El Mundo, el cambio obligará a los gobiernos autonómicos a reformular la financiación de sus políticas activas de empleo, ya que muchos de los recursos que ahora se redireccionan ya están comprometidos y ahora se centralizan. 

Malestar en los gobiernos autonómicos

La decisión del Gobierno de adjudicarse por sorpresa los fondos de formación de las políticas activas de empleo para pagar las ayudas no ha sentado bien a los gobiernos autonómicos, según informa El Mundo.

Andalucía, que emplea 430 millones de euros de estos fondos, ha señalado que se trata de una medida improvisada y ha manifestado su desacuerdo al indicar que el Gobierno tenía alternativas que no supusieran recortar las políticas activas de empleo autonómicas. El Ejecutivo andaluz ha destacado que la medida compromete "la reactivación después de muchos años de la Formación Profesional para el Empleo", una iniciativa para la que ya ha licitado 41 millones de euros.

No solo Andalucía está molesta por la iniciativa del Gobierno; varios gobiernos autonómicos han suscrito una carta dirigida a Díaz en la que manifiestan su decepción y desacuerdo ante esta medida, que consideran que "se toma de manera improvisada y sin atender a propuestas que se han trasladado incluso por escrito".

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