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El rechazo de los Presupuestos Generales pone en riesgo la inversión pública en infraestructuras

Queda en el aire el plan de carreteras, el mantenimiento de las autopistas quebradas, la compra de trenes, los planes de Cercanías o la renovación de estaciones y vías de ferrocarril convencional

Noticia del sector

Tras conocer el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las constructoras ven peligrar la inversión pública en infraestructuras para el ejercicio 2019. La convocatoria de elecciones para el próximo mes de abril deja en el aire el plan privado de carreteras, el mantenimiento de las autopistas quebradas, los planes de Cercanías y la renovación de estaciones y vías de ferrocarril convencional o la compra de nuevos trenes, entre otras actuaciones.

El sector de la construcción teme un nuevo parón cuando se había proyectado la reanimación de la conservación de carreteras y un impulso importante en la red convencional de ferrocarril.

De nuevo, está en riesgo el programa extraordinario de inversión en carreteras, que contempla contratos de construcción y operación por 1.000 millones en el presente ejercicio, gracias a la colaboración público-privada.

Asimismo, con la incertidumbre electoral, está en duda el contrato programa a diez años vista entre Renfe y el Estado que anunciaba la compra de trenes por 3.000 millones hasta junio.

Este proceso está en su primera fase, después de 14 años sin nuevo material rodante en Cercanías y Servicios de Media Distancia. De este programa depende dar solución al ferrocarril extremeño, la red de ancho métrico (la antigua FEVE) o las Cercanías de Madrid y Barcelona.

Liberalización del ferrocarril y autopistas quebradas

Del mismo modo, desde el sector del ferrocarril ven urgente regular el marco en que se desenvolverán Renfe y Adif en la liberaliación del transporte de pasajeros, prevista para diciembre de 2020.

Otra asunto por desatascar es la del rescate de las autopistas quebradas. Está en marcha el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, del que se espera una factura superior a los 2.000 millones a cargo del Estado. Y se espera la activación de una subcomisión en el Congreso para tratar el marco de financiación de las infraestructuras.

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